Nilda Veles, de 60 años y en silla de ruedas, seguirá privada de libertad por el plazo de dos años.

Denuncias anónimas, supuestamente realizadas por vecinos del barrio Paraíso de la ciudad de La Banda, alertaron sobre la existencia de un punto de venta de sustancias tóxicas en un inmueble situado en la Calle 12, lo cual disparó una investigación conjunta por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía provincial, quienes lograron reunir importantes evidencias que fueron entregadas a la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcomenudeo para Banda y Robles.

Detienen a la hija

En abril del corriente año los policías irrumpieron en el lugar indicado y procedieron a la detención de Jésica Veles, sindicada de ser quien vendía los estupefacientes.

En razón de estar embarazada y con una gestación muy avanzada, la Justicia concedió a la imputada el arresto domiciliario, imponiéndole severas medidas restrictivas y una serie de reglas de conducta a cumplir.

La madre «toma la posta»

Si alguien pensó que con la detención de la joven se anulaba el «kiosco» de venta de drogas, se equivocó ampliamente porque Nilda Veles, su madre, «tomó la posta» en el negocio familiar y continuó con la comercialización de estupefacientes, lo cual volvió a ser denunciado en mayo del corriente año por personas que se mantuvieron anónimas.

Con las evidencias suficientes y con la orden judicial correspondiente, en julio último los efectivos volvieron a allanar el domicilio de la familia Veles, esta vez para detener a la jefa del clan, una mujer de 60 años a la que se secuestró 198 envoltorios con cocaína ya listos para ser comercializados, los cuales estaban distribuidos entre las prendas y una billetera de Nilda Veles y que completaban un peso de 34,3 gramos de dicha sustancia. Además le incautaron un envoltorio con marihuana, 44 semillas de cannabis sativa, y 52 gramos de sustancia que usaba para «estirar» la droga», como también recortes de nylon, teléfonos celulares y la suma de 430.700 pesos en efectivo.

La fiscal Pilar Gallo enumeró las contundentes evidencias colectadas durante la investigación y solicitó que se dicte la prisión preventiva para Nilda Veles, al considerar vigentes los peligros procesales, entre otros argumentos.

El defensor oficial Walter Nicolai se opuso al requerimiento fiscal y pidió que su asistida sea excarcelada con las medidas que se consideren necesarias, poniendo énfasis que la mujer se moviliza en silla de ruedas, en razón de un deteriorado estado de salud.

Tras analizar los planteos de las partes, la jueza Roxana Menini resolvió dictar la medida coercitiva que requirió la fiscalía, y lo hizo por el plazo legal de dos años.