El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea derivada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si incurrió en delitos tributarios. El pedido se formalizó tras analizar los descargos presentados por el exfuncionario, quien justificó gran parte de sus movimientos patrimoniales a través de operaciones con Bitcoin concretadas antes de su ingreso a la función pública.

El dictamen del fiscal concluyó que los elementos reunidos durante la etapa de instrucción no alcanzan para refutar la versión de Adorni sobre el origen previo de sus fondos ni para sostener un incremento patrimonial injustificado entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La fiscalía había enfocado la pesquisa en gastos por 402.578 dólares y en inconsistencias entre sus ingresos declarados y las erogaciones registradas durante su paso por la administración pública.

Para justificar las cifras, la defensa alegó que la venta de una inversión de 200.000 dólares realizada en Bitcoin entre 2014 y 2018 le generó una ganancia de 591.544 dólares mantenida en efectivo. Tras auditar las ocho direcciones digitales aportadas por el exfuncionario, los peritos corroboraron la existencia y la actividad de las billeteras informáticas en el período indicado, lo que llevó al fiscal a considerar que no existen pruebas para desmentir la maniobra, derivando la decisión final al juez federal Ariel Lijo.

A pesar del pedido respecto del enriquecimiento ilícito, la fiscalía remarcó que persisten sospechas sobre posibles irregularidades tributarias en la declaración de Ganancias, Bienes Personales y tenencias en moneda extranjera. Pollicita advirtió sobre el uso recurrente de dinero en efectivo, préstamos privados sin acreditación completa e inconsistencias en las declaraciones juradas rectificativas presentadas tras el inicio de la causa judicial.

Asimismo, la investigación puso foco en operaciones inmobiliarias como la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por 120.000 dólares y un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, además de refacciones abonadas en efectivo sin respaldo fiscal. Ante este escenario, el fiscal solicitó investigar por presunta evasión a los desarrolladores y contratistas vinculados, además de requerir la intervención del organismo profesional correspondiente sobre la escribana interviniente en las escrituras.

Radio Mitre