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Femicidio en Villa del Carmen: la querella buscará demostrar un contexto de violencia de género

Los abogados Malena Bustos y Franklin Moyano, representantes de la familia de Karen García, sostienen que la investigación buscará acreditar un contexto previo de violencia de género. Los testimonios de familiares y las futuras entrevistas a los hijos de la víctima serán claves para el avance de la causa.

La investigación por el femicidio de Karen Romina García, la mujer de 33 años asesinada en el barrio Villa del Carmen, avanza con nuevas medidas probatorias y con el acompañamiento de la querella que representa a sus familiares. Los abogados Malena Bustos y Franklin Moyano sostienen que el objetivo será acreditar que el crimen se produjo en un contexto previo de violencia de género que habría sido sufrido por la víctima durante años.

Los letrados destacaron que el caso presenta una complejidad mayor a la de otros homicidios, ya que no solamente debe probarse la autoría del hecho, sino también reconstruirse la relación que existía entre la víctima y el acusado para determinar si hubo conductas de control, amenazas, violencia psicológica y otros indicadores que permitan sostener la figura de femicidio.

«Estamos ante una madre de cuatro hijos menores de edad que hoy quedaron sin su principal sostén afectivo. Además del dolor que genera el crimen, existe una situación social y económica muy delicada para toda la familia», remarcaron los representantes legales de los allegados de Karen.

Según explicaron, una de las líneas investigativas apunta a reconstruir los últimos años de convivencia de la pareja. Familiares y personas cercanas ya comenzaron a aportar información sobre situaciones que la víctima habría comentado en distintos momentos, vinculadas a celos, controles permanentes y restricciones que afectaban su vida cotidiana.

Para los abogados, resulta importante comprender que la violencia de género no se limita únicamente a las agresiones físicas. «Existen formas de violencia psicológica, económica y simbólica que muchas veces permanecen invisibles durante años y que deben ser analizadas dentro del contexto general de una causa de estas características», señalaron.

Uno de los aspectos considerados fundamentales para la investigación será el testimonio de los cuatro hijos de la pareja. Debido a la edad de los menores y a la sensibilidad del caso, las declaraciones serán obtenidas mediante los mecanismos previstos para proteger a niños y adolescentes, evitando cualquier situación de revictimización.

«Cada causa penal es como un rompecabezas. Se construye a partir de testimonios, informes psicológicos, pericias y distintos elementos de prueba. En este caso será muy importante reconstruir qué ocurría puertas adentro del hogar y qué percepción tenían los niños sobre esa convivencia», indicaron.

Los abogados adelantaron además que se realizarán evaluaciones interdisciplinarias para conocer el impacto emocional que produjo el hecho en los menores y determinar si ellos también fueron alcanzados por situaciones de violencia dentro del grupo familiar.

Mientras tanto, la causa continúa bajo la investigación de la fiscal Lucía González Farías, quienes junto a los equipos especializados trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Karen García y definir la responsabilidad penal del único detenido por el hecho.

Judiciales

Un «dealer» de La Banda seguirá cumpliendo prisión preventiva pero con arresto domiciliario

Imagen ilustrativa

El inculpado Héctor Edgardo Soria permanece detenido desde agosto de 2025. Le secuestraron cocaína, marihuana y plantas de cannabis sativa.

La Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal confirmó la prisión preventiva que fuera dictada -en diciembre de 2025- para Héctor Edgardo Soria, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pero el tribunal admitió que dicha medida siga cumpliéndose bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Por una denuncia anónima

La causa en contra del inculpado se inició en agosto de 2025, a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en el domicilio de Soria, situado en la ciudad de La Banda. Por orden de la Dra. Pilar Gallo, integrante de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico para la jurisdicción Banda y Robles, se inició una exhaustiva investigación y durante la misma los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas lograron reunir contundentes evidencias, en las cuales se apoyó el pedido de la fiscalía para la concreción de un allanamiento para detener al sujeto y secuestrar las drogas y todo elemento vinculado a la actividad ilegal que desplegaba.

Lo que le secuestraron

Tal procedimiento se llevó a cabo en agosto del año pasado, y en la ocasión los uniformados secuestraron cocaína, marihuana, una importante cantidad de plantas de cannabis sativa, una balanza de precisión y elementos para recorte y fraccionamiento de las sustancias tóxicas. Además, una de las habitaciones del inmueble estaba organizada para el cultivo y cuidado de dichas plantas, por lo que se procedió a la inmediata detención de acusado.

El 10 de septiembre de 2025 se dictó la prisión preventiva para Soria, medida coercitiva que la defensa del sujeto -ejercida por los abogados Daniel Ingratta y María del Valle Rodríguez- apeló, requiriendo que el sujeto sea excarcelado, aunque tal planteo no prosperó porque en marzo del corriente año la Cámara de Apelaciones le confirmó la prisión preventiva.

En una audiencia que se celebró en la mañana de este miércoles, la defensa de Soria intentó nuevamente el cese de prisión, pero el planteo fue rechazado por el tribunal que si dispuso que la medida se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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