El Reino Unido habría autorizado el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, en medio del reclamo argentino para detener la explotación petrolera en el archipiélago. La decisión se atribuye a Ed Miliband, funcionario británico de Relaciones Exteriores, mientras el gobierno de Javier Milei ya llevó el caso ante el Tribunal del Mar.

La confirmación llegó de Navitas, empresa israelí que lleva adelante el proyecto junto con la británica Rockhopper. Según informó el diario The Telegraph, se espera que el gobierno británico comunique oficialmente su postura durante la jornada. Hasta entonces, el anuncio de la compañía es la principal señal pública sobre el permiso para continuar con las tareas.

Las proyecciones empresariales indican que el yacimiento en Malvinas podría iniciar la producción el año próximo y alcanzar un máximo de 180.000 barriles diarios. Ese horizonte reavivó la disputa por la explotación petrolera en Malvinas y abrió un frente de críticas en el Reino Unido, tanto entre sectores opositores como en organizaciones preocupadas por el impacto ambiental.

La polémica también está ligada a la postura de Miliband sobre el Mar del Norte. En su etapa como secretario de Energía, el funcionario impulsó frenar nuevas búsquedas de petróleo y gas en esa zona. La diferencia entre esa política y el aval a Sea Lion generó cuestionamientos de dirigentes conservadores y podría provocar reproches dentro del Partido Laborista.

Andrew Bowie, referente de Energía del Partido Conservador, respaldó que el proyecto avance, pero señaló lo que considera una contradicción. “Plantea la pregunta de por qué el Partido Laborista sigue postergando las decisiones sobre el Mar del Norte”, sostuvo. Luego preguntó: “¿Por qué Ed Miliband, el hombre que bloqueó las perforaciones en el Mar del Norte, está dispuesto a permitirlas en el Atlántico Sur, pero no frente a las costas de Escocia?”.

Bowie también apuntó contra las demoras en la aprobación de iniciativas gasíferas británicas, que atribuyó a la presión de grupos activistas. “El Gobierno no tiene excusas para seguir vacilando y demorando las decisiones”, dijo. En tanto, la autorización se encuadra en una norma de 1994 que habilita al gobernador de las islas a otorgar licencias, con el consentimiento del responsable británico de Relaciones Exteriores.

Radio Mitre