La Defensoría Oficial presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia porteño analice la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. El defensor Emilio Capuccio hizo la presentación ante la Cámara de Apelaciones, con la intención de que el planteo llegue a la máxima instancia judicial de la Ciudad.

El pedido se realizó luego de que la Cámara en lo Penal y Contravencional revocara el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada había declarado inconstitucional aplicar la norma a un joven de 14 años acusado de participar en una tentativa de robo en Palermo y, además, había dispuesto su sobreseimiento.

La investigación comenzó por un hecho ocurrido el 10 de septiembre. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, un hombre de 47 años alertó a un policía porque un grupo de adolescentes lo seguía. La intervención de los efectivos frustró el presunto robo. El caso se convirtió así en el primero en poner bajo discusión judicial la nueva normativa.

De Marinis sostuvo que su decisión respondía únicamente a la situación concreta del adolescente y no cuestionaba la vigencia general de la ley. Señaló que el joven estaba fuera del sistema educativo y tenía dificultades para alimentarse. A su entender, someterlo a un proceso penal podía resultar regresivo y producir efectos de estigmatización.

La Fiscalía apeló y el expediente fue tratado por la Sala III de la Cámara, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. Los tres camaristas coincidieron en dejar sin efecto la resolución, aunque desarrollaron argumentos distintos. La decisión también apartó a De Marinis, al considerar que había adelantado una posición sobre la relevancia penal del hecho investigado.

Mahiques planteó que el fallo de primera instancia no había acreditado una contradicción entre el artículo 1 de la Ley 27.801 y la Constitución o los tratados internacionales. Según su análisis, la jueza había expresado críticas a la política criminal definida por el Congreso. Franza, por su parte, objetó el procedimiento y advirtió sobre una afectación del debido proceso.

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