La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con el objetivo de rechazar el DNU 70, firmado por Javier Milei al inicio de su mandato. Como el Senado ya lo había desaprobado en marzo de 2024, un voto negativo de Diputados implicaría su derogación definitiva y abriría el camino al retorno de normas eliminadas.

El debate se reactivó luego de que la Corte Suprema restituyera la vigencia del artículo 154 del decreto, vinculado con la eliminación de límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión volvió a poner en discusión el alcance del megadecreto, integrado por 366 artículos, y motivó a distintos bloques opositores a impulsar su rechazo completo.

Entre los cambios que podrían revertirse en Diputados figura la derogación de la Ley de Alquileres. De restablecerse la regulación anterior, volverían los contratos con un plazo mínimo de tres años y actualizaciones semestrales según el índice Casa Propia. También se recuperarían controles estatales sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga, que antes requerían autorización oficial.

La caída del DNU 70 también podría dejar sin efecto la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas, medida planteada para facilitar eventuales privatizaciones. Volverían a regir las figuras jurídicas previas y se restituiría la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Además, desaparecería la habilitación para ceder acciones de Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores.

En el mercado interno, recuperarían vigencia la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. La primera permite intervenir ante faltantes o especulación, con herramientas para regular precios y márgenes; la segunda establece espacios para productos de pymes en supermercados y pautas de exhibición. El decreto había eliminado ambas normas como parte de su orientación desreguladora.

También podrían restablecerse en Diputados la Ley de Compre Nacional, que prioriza bienes y servicios argentinos en compras públicas, y reglas previas para el comercio exterior. Estas incluían registros obligatorios para importar o exportar y facultades estatales para restringir operaciones. En el sector aéreo, la derogación pondría en revisión el esquema de cielos abiertos, aunque su alcance dependería de interpretaciones judiciales.

Radio Mitre