La excajera de Fürth Automotores, Graciela Moyano, será indagada nuevamente este miércoles en el marco de la investigación por el presunto desfalco que sacude a la concesionaria santiagueña. La medida fue dispuesta por la fiscal Victoria Ledesma, quien busca que la imputada amplíe su versión sobre las maniobras que habrían derivado en un perjuicio económico estimado en $6.931 millones.

Según fuentes judiciales, Moyano permanece detenida desde el 6 de agosto y es señalada por haber recibido pagos de clientes que nunca fueron registrados en el sistema contable de la empresa. La Fiscalía sostiene que su rol como cajera fue clave en el circuito irregular, ya que debía imputar cada operación en el sistema. Entre las pruebas figura una grabación en la que se la observa recibiendo dinero en efectivo, presuntamente entregado luego al exjefe de ventas Matías Llado.

El jueves, en tanto, se realizará una audiencia clave en la que los fiscales Ledesma y Diego Cortés solicitarán la prisión preventiva para los tres principales imputados: Moyano, Llado y el exgerente general Gerardo Caro, detenido el pasado 29 de agosto en La Banda. No se descarta que en esa instancia se agraven los cargos y se incorpore la figura de asociación ilícita, lo que impediría cualquier intento de excarcelación.

La investigación reveló que las maniobras bajo sospecha se habrían iniciado en 2024 y que incluyeron operaciones con clientes cuyos pagos nunca fueron asentados, además de vínculos con cuevas financieras en Tucumán y Santa Fe. La concesionaria afronta además una deuda cercana a los 80 millones de pesos por señas caídas y compromisos incumplidos.

El abogado querellante Marcelo Sgoifo calificó el caso como un “barril sin fondo” y adelantó que pedirá nuevas imputaciones. Según la auditoría interna, las irregularidades exceden a los tres detenidos y evidencian la existencia de una estructura organizada para vaciar las arcas de la empresa.

En paralelo, la Justicia analiza más de 50.000 correos electrónicos del personal de la concesionaria y múltiples informes bancarios para reconstruir el circuito financiero. Los fiscales también continúan tomando declaraciones a empleados y clientes damnificados, mientras se espera que en las próximas 48 horas se definan medidas de prisión preventiva que podrían marcar un giro decisivo en la causa.