El Gobierno Nacional dio a conocer que se creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior que funcionará como control sobre las actividades ilegales en las Islas Malvinas. Esta decisión se da en el marco del reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

Anunciaron desde la Cancillería que habrá un nuevo mecanismo para coordinar y supervisar posibles actividades ilegales en el territorio y en sus espacios marítimos. La medida fue confirmada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que aseguró que la decisión es parte de las políticas estratégicas dirigidas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.

El texto oficial señaló que el propósito de la creación de este instrumento es “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”. Cancillería precisó que de esta forma, se podrá garantizar que toda las operaciones vinculadas a las relaciones exteriores del país sean “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.

También, remarcó que apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”. “El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, concluye el documento.

El jueves pasado, Milei comunicó junto a todo su Gabinete, una lista de disposiciones para sancionar a todas aquellas empresas asociadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y para reforzar la influencia nacional sobre la región. De acuerdo a esto, la administración nacional reasignó 217.959 millones, unos US$142 millones, del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

Además, exigió que los organismos del Estado que detecten incongruencias legales deben informar a Cancillería imponga sanciones concretas. También, ordenó que se tomarán declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para detener a las compañías que desarrollan actividades en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.

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