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Nacionales

Qué dice el nuevo Régimen Penal Juvenil sobre las peleas en colegios y riñas callejeras, tras la baja de edad de imputabilidad a los 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir el sábado 5 de septiembre y establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años para los adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal, como peleas en colegios, riñas callejeras, amenazas o lesiones.

Una pelea entre dos estudiantes de 14 años puede tener consecuencias penales si durante el enfrentamiento se produce una conducta tipificada como delito, explicó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, en diálogo con Alguien Tiene que Decirlo.

La diputada señaló que en caso de que dos jóvenes se golpearan dentro de una escuela y uno resulta lesionado, si se trata de un delito contemplado por el Código Penal, el adolescente puede quedar comprendido en el nuevo régimen.

Sin embargo, la prisión no es la única respuesta prevista. Rodríguez Machado explicó que para determinadas penas, especialmente cuando no superan los seis años y se cumplen determinadas condiciones, el juez puede disponer alternativas.

El nuevo régimen establece que la pena de prisión es la última ratio y contempla distintas modalidades alternativas o atenuadas de detención.

Entre ellas aparecen la detención domiciliaria, durante los fines de semana o en institutos abiertos, además de medidas como prohibir el contacto o acercamiento a la víctima, salir del país o conducir vehículos.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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