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Un diputado denunció que una petrolera británica sancionada por operar en Malvinas logró acceder al RIGI con otro nombre

El diputado opositor Maximiliano Ferraro denunció públicamente que una petrolera británica sancionada por operar en Islas Malvinas logró ingresar al nuevo régimen promocional. La petrolera británica sancionada accedió al beneficio fiscal tras cambiar su denominación comercial, según consta en la presentación efectuada por el legislador nacional a través de sus redes oficiales.

La acusación apunta a Harbour Energy, anteriormente denominaba Premier Oil PLC, la cual posee una participación del 15% dentro del consorcio Southern Energy. A pesar de contar con una inhabilitación administrativa vigente hasta 2028 por violar la Ley 26.659, la Resolución 559/2025 aprobó los incentivos públicos para el desarrollo y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.

El legislador enfatizó que la sanción aplicada en 2013 por la Resolución 481 alcanza también a los accionistas y controlantes de la firma. En ese sentido, Ferraro argumentó que una modificación en la razón social no invalida las prohibiciones legales vigentes para contratar o recibir subsidios del Estado argentino.

Frente a esta situación, el referente opositor exigió explicaciones urgentes al ministro de Economía y al canciller. En su reclamo, Ferraro cuestionó duramente cómo la compañía terminó formando parte de un megaproyecto promocionado y solicitó saber si las autoridades tienen previsto adoptar algún tipo de medida correctiva.

Tras la controversia desatada, el Gobierno nacional anunció durante una conferencia presidencial que analiza revisar el listado de 45 firmas involucradas en la exploración ilegal de la plataforma continental.

Paralelamente, el proyecto aprobado para Southern Energy contempla un despliegue logístico de gran magnitud en el sur del país. La planificación oficial incluye el ingreso mensual de buques para el transporte de unos 3.500 tubos destinados al tendido de cañerías, mientras se espera una definición legal sobre la denuncia presentada.

Radio Mitre

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Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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