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Nacionales

Qué es el juicio en ausencia que se aplicará a quienes exploten petróleo en Malvinas

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otras cosas, “dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia” contra quienes participen de operaciones no autorizadas en las Islas Malvinas. El anuncio reavivó la polémica sobre la jurisdicción en el archipiélago.

La figura del juicio en ausencia ya estaba prevista desde 2025 pero limitada a delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresiones tipificadas por el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Hasta ahora no se usaba para ilícitos económicos ni para responsabilizar a empresas que operan en aguas en disputa.

En su discurso el presidente afirmó que el reclamo soberano enfrenta “un peligro claro y urgente”. Señaló que el proyecto Sea Lion, a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, podrá extraer petróleo y advirtió: “si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses podrán apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en el mar”.

El Ejecutivo también firmó un decreto para acelerar sanciones previstas en la Ley 26.659, anunció un DNU que habilita una base naval en Tierra del Fuego y pidió el envío urgente de la nueva ley. Según el proyecto, se endurecerían las penas para compañías y proveedores y se les impediría contratar con el Estado.

El régimen previsto exige, entre otros recaudos, que exista un imputado declarado rebelde y que se prueben intentos razonables de captura y conocimiento del proceso. Además garantiza la defensa técnica, el registro audiovisual del debate y la posibilidad de un nuevo juicio si el acusado aparece, según precisa la normativa vigente.

En la Argentina el primer antecedente de esta herramienta fue la causa AMIA. El juez Daniel Rafecas la habilitó en junio de 2025 contra prófugos iraníes y libaneses y la Cámara Federal confirmó el criterio, ordenando avanzar hacia el juicio oral. Rafecas sostuvo que los acusados fueron declarados rebeldes y que no respondieron a pedidos de extradición.

Radio Mitre

Nacionales

Una ONG denunció penalmente a la jueza que suspendió la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Una ONG presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual tras la suspensión de la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Usina de Justicia acusó a la magistrada de usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir en el habeas corpus.

La organización, que se presentó como amicus curiae, también formuló en otro expediente una denuncia penal por usurpación funcional y abuso de autoridad. El recurso fue tramitado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, expediente 40881-HC, según la presentación oficial y pidió audiencias públicas.

Usina de Justicia, fundada por la doctora Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo, sostuvo que la presentación busca incorporar la perspectiva de las víctimas. El trámite lo encabezó Fernando Oscar Soto con el patrocinio del abogado Martín Luis Sarubbi; pidieron que se escuche a familiares afectados por delitos.

La magistrada dispuso una medida preventiva por 60 días que deja sin efecto, de manera temporal, la aplicación de la Ley 27.801, la Ley Penal Juvenil, en territorio bonaerense. Además convocó a una audiencia el 16 de septiembre para que funcionarios informen sobre los recursos y planes de implementación; la ONG pidió participar.

Usina cuestionó que la suspensión se apoyara en una hipótesis futura sobre mayor internación y condiciones de alojamiento, sin acreditar un perjuicio actual que justificara la medida. Advirtió además que la ley contempla herramientas distintas a la prisión: medidas educativas, seguimiento, servicios comunitarios y reparación integral, que no fueron analizadas integralmente.

La jueza Marta Elba Pascual defendió su fallo y aclaró que no romanticiza a los menores armados: «Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma», dijo, y agregó que «con esta ley no les vamos a dar seguridad». Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Radio Mitre

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