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Nacionales

Procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT por el caso del fentanilo contaminado

La Justicia Federal de La Plata procesó a Nélida Agustina Bisio, extitular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME, en la causa de la investigación por el fentanilo contaminado. Además, el juez Ernesto Kreplak también les trabó un embargo por 500 millones pesos y les decitó la prohibición de salida del país.

Bissio estuvo en el cargo de la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. Por su parte, Mantecón Fumado se desempañaba como directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue apartada preventivamente de su cargo.

Las dos mujeres estuvieron detenidas en el marco de la causa y fueron liberadas tras pagar una fianza de $75 millones cada una. Al mismo tiempo, en el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, contaban con antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Los fiscales del caso consideran que esos antecedentes responden a la existencia de un presunto “manto de cobertura estatal” que permitió que ambas empresas siguieran desarrollando su actividad “en pésimas condiciones de calidad”. De acuerdo a la hipótesis, esa situación derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB.

La causa identifica especialmente los lotes 31202 y 31244, producidos en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo, fabricante exclusivo para HLB Pharma.

Según la investigación judicial, la elaboración se realizó en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con problemas en controles de esterilidad, documentación y procedimientos de manufactura. El medicamento contaminado fue distribuido entre enero y mayo de 2025 y llegó a clínicas, hospitales y droguerías de al menos diecisiete jurisdicciones del país.

Radio Mitre

Nacionales

El Gobierno aceleró el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el predio elegido y buscar acelerar los plazos de obra. La visita fue confirmada tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada en la que se repasaron pasos administrativos y judiciales vinculados a la Base Naval Integrada.

En paralelo el Ejecutivo anunció sanciones contra 15 empresas que operaban sin autorización en Malvinas, tras notificar a otros 45 sujetos el fin de semana. Además se presentó una denuncia penal contra Navitas y otras firmas; la acción apunta a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” involucrados.

El Ejecutivo confirmó que la versión final del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional irá la próxima semana a la Cámara de Diputados. El texto, según fuentes oficiales, busca endurecer sanciones (incluida la posibilidad de juicio en ausencia), crear un Consejo de Seguridad Nacional y dotarlo de herramientas económicas y diplomáticas especiales.

Para financiar la obra, el Gobierno ya reasignó US$142 millones, pero las estimaciones oficiales elevan el costo a entre US$400 y US$500 millones. Eso implica resolver alrededor del 70% restante, por lo que el presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

En conferencia, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la iniciativa y sostuvo: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”. El Gobierno la presenta como un eje estratégico.

Con el avance de ambas iniciativas el Ejecutivo busca ampliar su influencia sobre la zona y sostener presión diplomática y judicial sobre las empresas. Las definiciones fueron aprobadas por la mesa política, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. En ese marco el Gobierno afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.

Radio Mitre

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