El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente a la Oficina Anticorrupción (OA) la última declaración jurada de Francisco Adorni, en el marco de una investigación penal que se instruye por presunto enriquecimiento ilícito. La petición del Ministerio Público apunta a reconstruir de manera detallada la evolución patrimonial del actual diputado bonaerense desde su desembarco en la administración nacional, buscando verificar posibles incongruencias o inconsistencias en sus números.

En su última rectificación ante el organismo de control, Adorni modificó a la baja la valuación del 50% de una vivienda ubicada en City Bell, consignándola ahora en $52,6 millones frente a los $67,5 millones que había declarado originalmente en mayo. De acuerdo a las constancias del expediente judicial, el funcionario también incorporó a su patrimonio cinco cajas de ahorro que registran un saldo global declarado de $2 millones.

Estas correcciones modificaron sustancialmente la lectura patrimonial del caso, ya que en una presentación previa de mayo se había sumado una herencia de $21 millones y alterado el cálculo de sus pasivos, fijando una deuda hipotecaria inicial de $45 millones en lugar de los $130 millones declarados al comienzo.

A instancias del requerimiento del fiscal Marijuan, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas probatorias de alto impacto, entre las que se destacó un allanamiento documental en el Ministerio de Defensa con el objetivo de secuestrar documentación oficial sobre los cargos, designaciones y haberes percibidos por el investigado.

Para los investigadores resulta “indispensable” contar con este soporte papel para cotejarlo con las declaraciones juradas y establecer si existió un presunto incremento patrimonial no justificado desde diciembre de 2023, fecha en la que comenzó su paso por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con el fin de profundizar la pesquisa tecnológica y financiera, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, librando de manera simultánea órdenes de presentación y pedidos de informes a más de treinta organismos públicos. Entre

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