Un fiscal de menores apeló hoy la resolución que suspendió la vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil en la Provincia. Se trata de Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, quien presentó el recurso ante las instancias correspondientes del fuero.

La decisión de la magistrada provocó un fuerte debate institucional y encendió alarmas en ámbitos judiciales y políticos. Marta Pascual ordenó la suspensión de la aplicación de la norma en un fallo que puso en discusión la delimitación entre competencias judiciales y el alcance de la ley.

En su presentación, Ceruti sostuvo que la suspensión genera un perjuicio institucional y jurídico de gran magnitud, porque a través de un hábeas corpus se ordenó dejar sin efecto de modo general una ley nacional vigente sin demostrar un hecho concreto que ponga en riesgo la libertad de los adolescentes alcanzados por la norma.

La ONG Usina de Justicia, creada por Diana Cohen Agrest, presentó además una denuncia penal. Fernando Soto, abogado de la organización, afirmó: “El Fiscal sostuvo exactamente los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la Juez no se basó en pruebas ni informes sino en una hipótesis de futuro (futurología), ‘extralimitándose en sus funciones y avasallando la división de poderes Republicana’”.

Además, el letrado que formalizó la presentación es Fernando Soto, exasesor de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Soto subrayó que la jueza se excedió en sus atribuciones y que la vía elegida pone en riesgo el principio de la división de poderes, según la denuncia presentada por Usina.

Fuentes judiciales indicaron que la causa continuará su trámite y que la apelación de Ceruti será analizada por instancias superiores. El expediente abrió un debate sobre competencias entre jurisdicciones y la interpretación de la Ley Penal Juvenil en la aplicación cotidiana.

Radio Mitre