El Gobierno lanzó un programa de retiros voluntarios para achicar la planta de empleados en organismos descentralizados, con la meta de recortar alrededor de 5.000 puestos entre marzo y agosto. La iniciativa se inscribe en la política de ajuste que ya provocó la salida de más de 60.000 trabajadores desde el inicio de la gestión.

Según estiman en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el número final dependerá de la adhesión: proyectan que entre marzo y agosto se darán entre 4.000 y 5.000 bajas por retiros voluntarios. La medida busca reducir costos salariales sin recurrir a despidos forzosos ni conflictos gremiales. Desde marzo se ofrecieron planes de salida en varias entidades públicas.

Entre los ejemplos con mayor adhesión figura Anses, donde unas 1.200 personas aceptaron la oferta y la planta se redujo en torno al 10%. En Vialidad Nacional registraron cerca de 1.000 retiros y en el INTA firmaron unos 400 acuerdos. También se anunciaron programas para RTA y Casa de Moneda.

En los próximos días comenzará un plan similar en el PAMI, que tiene una dotación de 12.184 trabajadores bajo convenio colectivo. Fuentes oficiales señalaron que las salidas se negociaron buscando evitar demandas laborales y que el coste inicial de los retiros se compensa con ahorros salariales al cabo de un año. Desde la cartera explicaron que el esquema de retiro voluntario se paga en función de la antigüedad: equivale a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año de servicio. Según un funcionario cercano al diseño de la medida, “Todo sin tener conflictos judiciales”, dijeron para subrayar el objetivo y la reducción, agregaron, busca ser ordenada.

La cartera a cargo de Federico Sturzenegger analiza además la estructura de otras dependencias para ajustar planteles según funciones, una metodología que planean replicar en la administración central. El objetivo oficial es que cada organismo defina el tamaño de su plantilla en función de tareas esenciales y ahorro de recursos públicos.

En perspectiva, la tijera sobre el empleo público ya marcó un descenso notable: la dotación total pasó de 343.357 personas en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo, es decir 67.253 puestos menos (19,5%). En la administración centralizada se perdieron 45.364 cargos y en empresas estatales 21.889 empleos. El Gobierno sostiene que la reestructuración es clave para equilibrar cuentas públicas.

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