El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, finalizó la redacción de un nuevo paquete normativo enfocado en la apertura de mercados y la reducción de costos operativos en la economía. Tras conseguir la media sanción de la Ley Hojarasca y avanzar con el dictamen de propiedad privada en el Senado, el oficialismo busca enviar al Congreso una ambiciosa reforma que, según fuentes oficiales, ya se encuentra lista en un 95% y podría ser presentada formalmente este viernes.

El punto central y más controvertido del proyecto radica en la modificación del decreto-ley de cabotaje 19.492. La normativa vigente establece de forma taxativa que el comercio, el transporte y la navegación entre puertos argentinos están reservados con exclusividad para buques de bandera nacional con tripulaciones mayoritariamente locales. El nuevo texto busca habilitar la libre operación de embarcaciones de bandera extranjera en aguas interiores.

Para fundamentar la medida, el Ejecutivo invoca el Artículo 26 de la Constitución Nacional, argumentando que la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas. Según los considerandos del borrador, la llegada de competidores internacionales permitirá abaratar drásticamente el costo de los fletes logísticos, beneficiando de forma directa a los productores de las provincias del norte y de la región mesopotámica.

Asimismo, el proyecto aclara que el personal de estas firmas extranjeras no estará regido por los convenios colectivos de trabajo locales, un factor clave que el Gobierno señala como dinamizador para la baja de tarifas, pero que ya despierta fuertes alertas en los gremios marítimos por su impacto en el empleo y la soberanía fluvial.

El paquete desregulador extiende su alcance hacia los servicios profesionales y el sector financiero con profundas reformas estructurales. En el mercado inmobiliario, se propone la eliminación de la matriculación obligatoria para los corredores y la supresión de los honorarios mínimos. Bajo este esquema, cualquier persona podrá intervenir como intermediaria en operaciones de compra, venta o alquiler de inmuebles sin necesidad de acreditar formación profesional, buscando dinamizar la oferta y reducir las comisiones a través de la libre competencia.

En paralelo, se prevén modificaciones normativas en la industria del seguro y en el funcionamiento de diversos instrumentos financieros. El objetivo oficial es simplificar los trámites y abaratar los costos del crédito, facilitando el acceso al financiamiento principalmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La letra chica del proyecto está siendo evaluada por la mesa política para definir la estrategia parlamentaria, mientras la oposición ya anticipa un duro rechazo en las comisiones legislativas por los riesgos de precarización laboral y desprotección de los consumidores.

Radio Mitre