El Ejecutivo nacional oficializó la creación de una mesa de seguridad destinada a custodiar inversiones promovidas por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). La disposición quedó plasmada en la Resolución 461/2026 publicada en el Boletín Oficial y fue firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según el texto, la mesa de seguridad tendrá como objetivo “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada” que puedan afectar a proyectos estratégicos, sus áreas de influencia y la infraestructura crítica vinculada a las obras.

El documento advierte que las inversiones y las zonas aledañas “pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas”. Además señala que esas redes podrían “aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicios ilícitos o la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal”.

La resolución alerta que estas prácticas “generan riesgos concretos vinculados a, entre otros, el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada”, con potencial impacto sobre la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos, y sobre la seguridad económica e institucional.

El texto plantea la necesidad de “adoptar un enfoque preventivo, integral y coordinado” para identificar y mitigar riesgos desde las etapas iniciales de planificación y ejecución de los proyectos alcanzados por el RIGI, con el propósito de “resguardar la integridad” de las inversiones y las infraestructuras críticas, según el Gobierno.

La iniciativa pretende ofrecer acompañamiento a las inversiones estratégicas para garantizar “seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones”, sin imponer cargas económicas ni burocráticas adicionales a las empresas, según el escrito oficial.

Radio Mitre